Para convertir en una realidad el derecho a la información, debe haber una estrecha relación entre la sociedad y el Estado, tienen que interactuar una y otro, para que -de cara al futuro, ya muy próximo- se tomen en cuenta los nuevos comportamientos, actitudes y valores de la sociedad globalizada y se advierta el valor estratégico del conocimiento, la información y la lectura en el desarrollo y la democratización de las sociedades latinoamericanas.
Las políticas que establezcamos en información se hallarán en estrecho vínculo con las políticas generales de un país, con las políticas públicas sobre educación y cultura, y con las realidades históricas y sociales de la propia nación y de la región latinoamericana.
Los ejemplos de políticas de información con que contamos en América Latina no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es posible ver esfuerzos parciales interrelacionados con las actividades y los productos que permiten a los habitantes de un país usar información y leer. Así, tenemos leyes, acuerdos o iniciativas de Estado correspondientes a la política que determinado país va estableciendo en el ámbito público y cultural, o en el de la información y la lectura; podemos encontrar regulaciones que permiten inferir políticas sobre las bibliotecas, el libro, el derecho de autor y los recursos y sistemas informáticos.
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